• Maite Pagaza apuesta por una reforma de la Euro-orden que evite la impunidad en la UE para los crímenes más graves

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, asistirá mañana a una conferencia temática sobre los problemas a los que enfrenta el mecanismo europeo de detención y entrega, junto con la Ministra Federal de Justicia y Protección del Consumidor de Alemania, Christine Lambrecht, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

El evento, organizado por la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundúa, contará con el fiscal Francisco Jiménez-Villarejo Miembro Nacional de España en Eurojust y la Directora del Programa de Sociedades Justas, Seguras y Digitales de la Agencia de Derechos Fundamentales, Jana Gajdošová.

Asimismo, participarán Gert Vermeulen Profesor de Derecho Penal, Universidad de Gante, Director del Instituto de Investigación Internacional de Política Criminal (IRCP), y Gilberto Pérez del Blanco Profesor de Derecho Procesal, Universidad Autónoma de Madrid, que ha analizado la situación de la euro-orden en los Estados miembros.

La orden de detención que se aplica en la UE desde 2004, sustituyó a los procedimientos de extradición. Basada en el reconocimiento mutuo, se trata de un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena. Entre 2005 y 2016 se emitieron 150.000, de las cuales solo 43.000 fueron ejecutadas.

“El ecosistema de delitos se ha transformado y el territorio Schengen permite crear un espacio que puede llegar a ser de impunidad si no se establece una buena cooperación judicial. Cada vez vemos más elementos transnacionales en la comisión de delitos, por lo que es preciso ampliar la lista de 32 categorías delictivas en las que la entrega de un acusado de un estado a otro se produce de manera automática para proteger los bienes jurídicos más importantes, entre los que se encuentra el estado de derecho y la integridad territorial”, explicó Pagaza.

En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión resaltó que “estamos en un tiempo en el que para atacar la democracia y el estado democrático de derecho no hacen falta tanques, pues vemos importantes injerencias extranjeras a través de la desinformación y las redes sociales. Para mejorar el paraguas europeo, son precisas mejores bases de datos comunes, para tener, a través de la digitalización, una cooperación judicial más inteligente y eficiente”.

“En todo este análisis tenemos que tener en consideración a las víctimas. Cuando los ciudadanos sienten que no han tenido reparación, pueden tener una crisis de confianza hacia las instituciones. Tenemos el ejemplo de Natividad Jáuregui, alias la Pepona, la etarra fugada en Bélgica que con 3 órdenes de detención y entrega de España, no ha sido juzgada ni por el asesinato de Ramón Romeo y ni por su participación en los atentados cometidos por el comando Vizcaya de ETA. El Tribunal de Estrasburgo condenó finalmente en 2019 a Bélgica por no aplicar las euroórdenes, pero la sanción fue de 5.000 euros. sin tener en cuenta el daño moral que ha sufrido esa familia durante años. Las sanciones tienen que tener mayor proporcionalidad con el tipo de daño que se produce”, concluyó.

Pagazaurtundúa considera así que la lista para la entrega automática –que no requieren doble tipificación en cada Estado– incluya nuevos delitos como el ataque a la integridad constitucional de los estados miembros; los delitos contra el orden público; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente.

“Queremos una cooperación judicial más inteligente y eficiente para una Europa con retos geopolíticos que requieren de una alta calidad en la cooperación judicial”, sentenció la diputada por Ciudadanos.

Un buen mecanismo que necesita una revisión 

Una de las principales ventajas teóricas de la Euroorden es el tiempo. El país donde se produce la detención tiene 10 días para tomar una decisión sobre la extradición del detenido al país que ha emitido la Euroorden si el detenido consiente la entrega, y un máximo de 60 días en caso contrario. Antes de la Euroorden este proceso podía durar un año de media.

No obstante, estos plazos deben asegurar el pleno respeto de las garantías procesales y los derechos fundamentales comunes en la Unión Europea, lo cual puede llevar a retrasos en función de la complejidad del caso y de los diferentes recursos oponiéndose a la entrega que oponga la defensa de la persona requerida.

Por tanto, la ODE es un mecanismo que todavía requiere de una revisión general  por lo que el Parlamento Europeo se encuentra en este momento inmerso en la tramitación de un informe de implementación.

El Parlamento Europeo ya solicitó en 2014 a la Comisión, mediante un informe de iniciativa legislativa, una revisión del mecanismo, ante la preocupación por la falta de garantías en materia de derechos humanos, los largos periodos de detención preventiva en algunos casos y la detección de errores judiciales.

La comisaria europea de Justicia, Věra Jourová, apuntó también el año pasado que distintas evaluaciones y estadísticas sobre la puesta en práctica del sistema de euroórdenes en la Unión Europea han demostrado que “funciona bien de manera general”, pero que “su implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros”, por lo que prevé la aplicación de sanciones a los Estados que no la utilicen correctamente. En la misma línea se ha pronunciado el comisario de Justicia, Didier Reynders, tras la presentación del informe de aplicación presentado por la Comisión el pasado mes de julio.