• Maite Pagaza: “No se está teniendo en cuenta el sufrimiento de las familias de las víctimas que han de lidiar con saber que el responsable no puede ser juzgado porque se encuentra fuera del país”

La vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundúa, subrayó ayer durante el webinar ‘Catch me if you can’ que organizó junto a Renew Europe que la reforma de la Euroorden debe recuperar el principio de confianza entre los Estados miembros, y por tanto, el reconocimiento mutuo de nuestros sistemas judiciales. “Sólo con una plena confianza en lo que somos, nuestras democracias y nuestro Estado de derecho, la UE puede desarrollar plenamente sus capacidades económicas, sociales y de influencia en este mundo que se ha transformado drásticamente”, manifestó.

Asimismo, Pagaza señaló que la aplicación de los mecanismos comunitarios, y en especial, la orden de detención y entrega debe tener en consideración el tormento moral de las víctimas, que en ocasiones se enfrentan a verdaderos suplicios para evitar la impunidad de los crímenes más crueles.

Pagaza afirmó que “las sanciones deben ser más proporcionales con el tipo de daño secundario que se produce”, tras recordar el caso de la condena de 5.000 euros del Tribunal de Estrasburgo a Bélgica en 2019 por no extraditar a una presunta asesina terrorista fugada a Bélgica que, pese a las órdenes de detención y entrega de España, todavía no ha sido juzgada. “No se está teniendo en cuenta el sufrimiento de las familias de las víctimas que además del crimen, han de lidiar con saber que el responsable no puede ser juzgado porque se encuentra fuera del país”, planteó.

En concreto, la eurodiputada ha reclamado aumentar la lista de categorías delictivas para la entrega automática incluyendo nuevos delitos como los abusos sexuales, pero también aquellos contra el orden público; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; o determinados delitos relacionados con el medio ambiente. “En este tiempo convulso con riesgo para las democracias, proteger el estado de derecho y la integridad territorial aumenta las garantías democráticas para toda la UE”, ha continuado.

También abordó el problema de los datos, cuya calidad ahora es deficiente. Pagaza ha abogado por apostar por la digitalización que “podría servir para una cooperación judicial más inteligente y eficiente”. “No son comparables, no son completos, pero son clave para un trabajo específico y eficaz para mejorar el mecanismo”, ha continuado. En este sentido, ha reiterado que el informe para la mejora de la Euroorden en el que está trabajando el Parlamento Europeo insiste en “tener datos de calidad que nos orienten a todos”.

En el evento también han participado el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el representante del Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor de Alemania, Christian Kastrop, el fiscal Francisco Jiménez-Villarejo, miembro Nacional de España en Eurojust y la directora del Programa de Sociedades Justas, Seguras y Digitales de la Agencia de Derechos Fundamentales, Jana Gajdošová. Asimismo, han intervenido Gert Vermeulen profesor de Derecho Penal de la Universidad de Gante y Gilberto Pérez del Blanco, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid.