• La Comisión de Libertades aboga por que no haya entre Estados miembros rechazos de entrega de sospechosos infundados para evitar espacios de impunidad

La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, celebró hoy la aprobación del informe sobre la reforma de la Orden de Detención y Entrega en dicho órgano, que incluye los delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometidos mediante violencia.

Este informe de iniciativa propia que fue votado hoy en comisión y que podría pasar por el pleno este mismo mes de diciembre, solicita a la Comisión y a los Estados miembros una reforma de la Euroorden después de más de 15 años de vigencia, para mejorar el mecanismo y actualizarlo a los crímenes de actualidad y evitar espacios de impunidad.

Ciudadanos cumple así con uno de sus compromisos electorales, después de haber logrado en octubre de 2019 un compromiso por parte del comisario de Justicia, Didier Reynders, de incluir la reforma de la euro-orden en la agenda de la Comisión de Úrsula Von Der Leyen.

“En este texto, en el que hemos trabajado desde hace más de un año, proponemos una reforma de forma y fondo del listado de 32 categorías delictivas que incluye incorporar categorías que, por su gravedad o por contener elementos transnacionales, deben estar incluidas como son los delitos que impliquen el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia”, explicó Pagaza.

Se trata de una reforma solicitada por Ciudadanos para que se aclaren conceptos, definiciones y se refuercen los bienes jurídicos protegidos, especialmente, los relacionados con el Estado de derecho, así como los nuevos crímenes transnacionales que son producto de la transformación digital.

“Necesitamos abordar todo ello para contribuir al mantenimiento del área de libertad, seguridad y justicia. En concreto, se identifican problemas concretos que perjudican la confianza mutua entre Estados miembros y tienen un coste muy elevado en términos social y económico”, indicó la eurodiputada naranja.

En concreto, apuesta por abolir las inconsistencias en la aplicación de los motivos para que un Estado pueda negarse a ejecutar las órdenes de detención europeas, como ha ocurrido recientemente con casos como Puigdemont o la etarra Natividad Jáuriegui.  El PE recoge en su informe la jurisprudencia derivada del caso de esta presunta terrorista, también llamada la Pepona, por ser el único caso de una etarra no entregada a España por un Estado miembro, en este caso Bélgica, cuya euro-orden ha tenido que ser emitida hasta en 3 ocasiones para conseguir el pasado mes de noviembre la autorización de traslado a España.

Pagaza destacó en este sentido que “la impunidad derivada de un rechazo infundado de ejecución de una orden de detención europea, puede tener también un impacto negativo en el Estado de Derecho, sistema judicial, en la confianza pública en las instituciones, en las propias víctimas y en la sociedad en general”.

“Una cooperación judicial más sólida y efectiva con relación a estas nuevas categorías -y los bienes jurídicos que protegen- contribuirá a que el respeto a la democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales a nivel europeo sea también más efectivo”, concluyó.