• Ha solicitado una misión del Parlamento Europeo a Baleares para depurar todas las responsabilidades posibles en este caso

La Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha llevado de nuevo a la Comisión Europea el caso de las menores prostituidas en Baleares estando bajo la tutela del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca. Esta nueva pregunta parlamentaria se centra en la necesidad de mejorar los sistemas de tutela de menores, después de que la semana pasada Ciudadanos, a través del grupo Renew, iniciaran los trámites para reclamar una misión parlamentaria en Baleares para aclarar lo sucedido en el caso de las menores explotadas sexuales en Mahón (Menorca).

Los eurodiputados naranjas ya presentaron en febrero del año pasado una pregunta parlamentaria en la que instaba a la Comisión a salvaguardar los derechos de los menores tutelados víctimas de explotación sexual a la luz de que el Parlament de Baleares votó en contra de la petición de creación de una comisión de investigación para aclarar quiénes eran los responsables de estos hechos.

La respuesta del Ejecutivo comunitario aludía a la incoación de un procedimiento de infracción contra España por transposición incorrecta de la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y se comprometía a vigilar la aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos, así como a plantear una estrategia global para los derechos del niño con acciones concretas para los Estados miembros.

Puesto que el caso de Baleares sigue sin haber sido depurado políticamente y muestra el importante grado de vulnerabilidad de los menores tutelados, Ciudadanos reclama ahora a la Comisión una nueva revisión de los sistemas públicos de tutela de menores en los Estados miembros, porque se han detectado “problemas serios, protocolos insuficientes y negligencias”.

“La protección de los menores es prioritaria en la UE. Los Tratados y la Carta Europea de Derechos lo dicen, pero nuestros servicios públicos de tutela están fallando. La Comisión emitió en 2020 su tercer informe sobre la lucha contra el tráfico de personas en la Unión y la protección de sus víctimas. En él se dice que los Estados miembros modificarán las leyes de tutela para combatirlo”, ha señalado Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento y firmante de esta iniciativa.

Junto a ella, firman también Soraya Rodríguez, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer y portavoz de Renew en Derechos Humanos, y Jordi Cañas, portavoz de Asuntos Sociales. Pagaza y Cañas son además miembros de la Comisión de Peticiones que está investigando este caso.

Soraya Rodríguez ha denunciado que la mayoría de las víctimas residentes en el IMAS son jóvenes de 13 a 17 años en situación de desamparo y especialmente vulnerables a la explotación. “El 78% de todos los menores objeto de trata en la Unión son niñas, en su mayoría niñas captadas y tratadas para la explotación sexual. A la vista de la futura estrategia global para los derechos del niño de la Unión, debemos asegurarnos que España, como Estado miembro, mejore los sistemas de tutela de menores y cumpla con las directivas de la Unión y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”.

Por su parte, Jordi Cañas ha defendido el envío de una misión del Parlamento a Baleares para investigar este asunto y ha sido muy crítico con las administraciones locales y autonómicas. “La situación evidencia que ha habido un fallo en su papel de control. Y eso tiene responsables políticos”, ha denunciado.

En la iniciativa se apunta a la necesidad de facilitar a los Estados miembros pautas para armonizar las leyes de tutela nacionales y combatir de forma efectiva casos como el de Baleares u otros similares en campos de acogida de menores migrantes. En ese marco, reclama un estudio específico sobre las medidas adoptadas por cada país para luchar contra la explotación sexual de menores bajo tutela pública