• La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa se dirige por cuarta vez a Von der Leyen y Reynders y plantea la posibilidad de un procedimiento de infracción a España

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas urgentes contra la reforma del CGPJ perpretada por el Gobierno español porque ha entrado ya en vigor, el pasado 30 de marzo, y constituye “una forma cruzada de chantaje al sistema judicial español”.

Es la cuarta carta de Pagaza a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre este mismo asunto. En respuesta precisamente a las iniciativas de la eurodiputada de Cs, la Comisión aseguró ya en enero que estaba “supervisando de cerca” esta reforma para asegurar que fuera acorde “con las normas europeas en materia de independencia judicial”.

Sin embargo, pese a las advertencias del ejecutivo comunitario, el Gobierno de PSOE y Podemos siguió adelante con la reforma sin consultar con todas las partes ni con la Convención de Venecia, como le aconsejó la propia Comisión Europea. “La reforma ha sido duramente criticada por jueces, fiscales y abogados, que la han calificado como ‘uno de los mayores ataques a la democracia’ en España”, recuerda Pagaza en las cartas.

“Dada la sensibilidad de la cuestión, animamos a la Comisión a establecer aquellas medidas de manera urgente para limitar en lo posible los daños que empieza a producir esta reforma, y para que España rectifique y retire tal reforma, que puede considerarse como una forma cruzada de chantaje sobre el sistema judicial en su conjunto. Como se ha hecho en otros casos, esperamos que la Comisión pueda acelerar el diálogo estructurado con las autoridades o, llegado el caso, los sistemas de procedimiento de infracción”, plantea la eurodiputada.

Maite Pagazaurtundúa lanzó la primera advertencia a la Comisión Europea sobre esta reforma el 16 de octubre del año pasado e insistió en ella el 18 de noviembre y el 14 de enero. En respuesta, el comisario Reynders subrayó que España debe “velar por que el Consejo General del Poder Judicial no se perciba como vulnerable a la politización” y que “la cuestión de la falta de nombramiento de los miembros de dicho Consejo debe abordarse de conformidad con las normas europeas en materia de independencia judicial”.

“Se consuma la advertencia que les hice llegar”, afirma Pagaza en esta nueva carta, en la que vuelve a proponer que esta reforma se incluya en el próximo informe anual sobre el Estado de Derecho en España.

La preocupación de la Comisión Europea por el respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes le ha llevado a abrir procedimientos de infracción contra Polonia por entender que somete a los jueces al control político. Ciudadanos denuncia que la reforma del Gobierno que reduce la mayoría parlamentaria necesaria para renovar a una parte del CGPJ sigue el camino de la politización de la Justicia.