- “La calidad del Estado de Derecho está viéndose afectada una y otra vez por las iniciativas de este Gobierno, parece imposible de creer, pero tal arbitrariedad de fondo y responsabilidad está pasando”, afirma la eurodiputada Maite Pagaza
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha enviado una carta este lunes al comisario europeo de Justicia para alertarle de los ataques para dejar sin legitimación al Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno, que busca favorecer a los indultados por el 1-O, así como a otros dirigentes separatistas que utilizaron dinero público para financiar ilegalidades, ya que pese al perdón del Ejecutivo mantienen una causa abierta en este órgano por supuesto desvío de fondos públicos para el proceso independentista.
Pagaza explica en su escrito a Didier Reynders que el Ejecutivo busca situar en este órgano fiscalizador a miembros que permitan entorpecer este expediente, después del indulto que les ha concedido. En palabras del ministro José Luis Ábalos, que recoge la eurodiputada en la carta, “estas causas no dejan de ser piedras en este camino”, misma expresión empleada también en público por la ministra Irene Montero, de Unidas Podemos.
“Esta acción parece encaminada a entorpecer la tramitación del expediente sancionador iniciado por este Tribunal contra cargos del Gobierno catalán por uso indebido de fondos públicos, por una cuantía superior a cinco millones de euros. Ese dinero se habría usado para la promoción exterior del proceso secesionista, para la gran campaña de obtención de apoyos internacionales”, explica Pagaza en la iniciativa.
La eurodiputada recalca la gravedad de que el Ejecutivo trate de nuevo de inmiscuirse en el Poder Judicial para modificar en este caso su estructura y proteger a los responsables de la malversación. “Esta acción, nuevamente, va contra la separación de poderes y es una invasión de la independencia judicial en toda regla”.
En la misma línea, el portavoz adjunto en el Congreso y vicesecretario general de la formación liberal, Edmundo Bal, ha manifestado la “enorme preocupación” y ha constatado que “los españoles ya saben qué es lo que sigue al indulto: el desprestigio y el ataque desde el propio Gobierno del Estado a todas las instituciones del Estado que están velando por reparar a el interés general de los españoles tras las ilegalidades separatistas”. Del mismo modo, Bal ha subrayado que “la independencia de instituciones como el Tribunal de Cuentas o las que conforman el poder judicial son la última garantía de los demócratas y el Estado de Derecho ante las arbitrariedades del Gobierno de Pedro Sánchez” y que, es por ello que “se las ataca e intenta desprestigiar para favorecer a los separatistas”.
Son varias ya las denuncias de Pagaza ante Reynders, la última la semana pasada, una carta en la que le advertía de la reforma que también respalda el Gobierno para limitar las funciones del Tribunal Constitucional, para que no pueda sancionar a quien desobedece sus sentencias. En todos los casos subyace la intención de favorecer la impunidad de delitos e irregularidades.
“Las declaraciones del ministro Ábalos y la ministra Montero son una clara declaración de intenciones. La calidad del Estado de derecho está viéndose afectada una y otra vez por las iniciativas de este Gobierno. Parece difícil de creer, pero están ocurriendo esta arbitrariedad de fondo e irresponsabilidad ”, concluye Pagaza, que pide una vez más al comisario que tenga en cuenta este asunto en el informe que prepara sobre el Estado de Derecho en la Unión.