• La delegación europea del partido denuncia la violación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que prohíbe la discriminación por lengua, y la actitud del gobierno catalán: “Da alas a los que quieren la confrontación”

 

 La delegación europea de Ciudadanos se ha dirigido por carta a la comisaria europea de Valores y Transparencia, Věra Jourová, para pedirle una investigación sobre la discriminación al español en la educación en Cataluña y la persecución a las familias que la solicitan, tras el acoso que sufre una familia en Canet de Mar.

La carta está firmada por los siete eurodiputados liberales. En ella reclaman una investigación sobre estos hechos por violación de los Derechos Fundamentales de la UE y que se analice si España cumple el corpus legal en materia de protección a la infancia y a las minorías, para poner fin de una vez a esta vulneración de derechos de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en las dos lenguas cooficiales, en especial, los de aquellas que reciben amenazas. Además, Ciudadanos solicita que esta situación se tenga en cuenta en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.

Luis Garicano, jefe de la delegación europea de Cs, ha criticado que esta camapaña muestra que el independentismo  está cegado por la ideología y ha perdido la humanidad y la empatía. “Señalar a un niño de 5 años da idea de la bajeza a la que ha llegado este movimiento. Y que la Generalitat en vez de ponerse del lado de las víctimas se ponga del lado de los agresores, muestra que esto ya no es un tema de nacionalismo, sino de supremacismo étnico. Cuando se pierde la humanidad, todo vale”, ha denunciado.

Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, ha criticado igualmente la situación. “En la Europa democrática, de los derechos fundamentales, no puede ser tolerada una violación de derechos civiles constante y permanente por fanáticos identitarios excluyentes. No hay excusa posible para seguir mirando hacia otro lado. La Europa en la que vivimos cree en el multilingüismo y no en las obsesiones identitarias”.

La formación liberal explica en su carta a la comisaria Jourová que tras una larga batalla judicial de numerosas familias catalanas, el Tribunal Supremo español ha confirmado el derecho de los niños a recibir en español el 25% de las clases en los colegios catalanes. Pese a ello, la Generalitat de Cataluña ha dejado claro que no exigirá el cumplimiento de la sentencia y que continuará así con su historial de desacato a las decisiones de los tribunales.

“Con ese marco judicial y político de fondo, los padres de un niño de cinco años que consiguieron que un juez obligara a la escolarización de su hijo en catalán y español -en aplicación de la sentencia previamente descrita- son ahora sujetos de terribles amenazas de agresión, vejaciones y coacciones. Se expande la petición de alentar el acoso, que se apedree las casas de las familias que defienden el uso del español para que se vayan de Cataluña, haciéndoles el vacío o celebrando manifestaciones cuando salen de clase, indicando además que les legitima el ser mayoría, dejando así al español como una lengua minorizada. Un proceso de minorización político, innecesario y sólo justificable en la hispanofobia”, afirman los eurodiputados.

Se trata de hechos intolerables en un Estado de Derecho y que violan la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, pero que además no reciben la condena de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno autonómico se niega a condenar este acoso, que está siendo investigado por la Fiscalía por si constituye delito. Siendo esto así, el Gobierno de España mira hacia otro lado y tampoco adoptará medida alguna, con la excusa de que es competencia exclusiva autonómica.

“Esta actitud no ayuda a que esas manifestaciones hispanófobas se impidan”, denuncian los eurodiputados, que recuerdan que la propia Comisión Europea ya en 2015, y en respuesta a una pregunta sobre este mismo asunto, apuntó que los Estados deben utilizar todos los instrumentos jurídicos para garantizar que se protegen los derechos de sus ciudadanos. “El Gobierno no escucha a la Comisión. Esos instrumentos no se están utilizando, lo que hace que la vulneración del Estado de Derecho sea cada vez más evidente y, lo que es peor, que se produzca con la connivencia y aliento del propio Gobierno de España”, incide Cs en la carta.