• Maite Pagazaurtundua denuncia que el retraso tiene consecuencias muy negativas para las personas que denuncian o alertan sobre infracciones o corrupción y buscan protección

 La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha denunciado que España no ha cumplido con su obligación de transponer la normativa europea sobre protección de personas informantes o denunciantes de delitos, “lo que tiene consecuencias muy negativas para quienes denuncian y buscan protección”.

 

Pagaza se ha dirigido a la Comisión Europea en una pregunta escrita en la que alerta de este retraso en trasladar la Directiva 2019/1937 a la legislación nacional. El plazo venció el 17 de diciembre de 2021 y de los 27 Estados, 22 no han llegado a tiempo. Entre ellos está España, que acumula una treintena de infracciones por no transponer a tiempo distintas directivas comunitarias.

 

La norma europea regula la protección de las personas conocidas como alertadores o “whistleblowers”, quienes por sus actividades laborales alertan de actos de corrupción, irregularidades, blanqueo de capitales o actos contra la salud pública. El objetivo es evitar que haya personas que dejen de trasladar sus sospechas o de informar de infracciones por miedo a las represalias, como un despido, acoso o coacciones, por lo que esta Directiva ofrece medidas de protección.

 

España y buena parte de los Estados llegan ya tarde. La eurodiputada ha pedido en su pregunta escrita a la Comisión que informe sobre cómo va a acelerar el proceso de transposición de la Directiva y si se plantea un procedimiento formal de infracción contra estos países que no han cumplido el plazo previsto.

 

Además, y para cuando finalmente la normativa nacional recoja esa Directiva, Pagaza quiere saber cómo evaluará Bruselas que se ajusta a las disposiciones europeas y que la protección que se ofrece es efectiva.