• La eurodiputada Maite Pagaza reivindica que es obligación de los poderes públicos defender a los periodistas para que ejerzan la libertad de expresión, sea a favor o en contra del Estado

  

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, pidió hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique ya el contenido de la “Recomendación europea sobre demandas estratégicas contra la participación pública” para proteger al periodista Ignacio Cembrero del ataque del gobierno de Marruecos.

El pasado día 3 de julio el Reino de Marruecos ha denunciado al periodista Ignacio Cembrero por escribir sobre los vínculos de miembros del Gobierno alauí con el espionaje realizado a través del sistema Pegasus y le reclama una indemnización económica.  

Es la cuarta vez desde 2014 que las autoridades marroquíes llevan a Cembrero a los tribunales, penales o civiles, en España, so pretexto de que les perjudica a nivel diplomático y económico, pero no han conseguido por ahora que fuese condenado.

Pagazaurtundua ha remitido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, una pregunta parlamentaria en la que le interroga sobre cómo proteger la libertad de expresión de Cembrero y de los periodistas atacados por Marruecos forzando iniciativas jurídicas. En este mismo documento, reclama al Ejecutivo que pida al Gobierno de España la aplicación urgente de la Recomendación sobre Anti SLAPP que establece garantías procesales para las víctimas.

Esta Recomendación, aprobada el 27 de abril, insta a los Estados miembros a adoptar en el plazo de 18 meses marcos legales nacionales que brinden las garantías necesarias para abordar los casos de SLAPP, entre ellas las garantías procesales de un sobreseimiento anticipado de procesos judiciales manifiestamente infundados.

Respecto a sentencias de terceros países como sería el caso de Marruecos, los Estados miembros deberían denegar el reconocimiento de una sentencia procedente de un país no perteneciente a la UE y emitida contra una persona domiciliada en un Estado miembro, si se determina que el procedimiento es manifiestamente infundado o abusivo con arreglo a la legislación del Estado miembro. Además, se prevé que el demandado también pueda solicitar la compensación de los daños y perjuicios y de las costas en el Estado miembro en el que esté domiciliado.

“La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y es válida no solo para la información o las ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado. Es la obligación de los poderes públicos proteger a los periodistas para que puedan desarrollar esa libertad de expresión”, recalcó Pagaza. 

En particular, la Recomendación subraya la importancia de garantizar que las normas aplicables a la difamación, a las que se recurre en la mayoría de los casos de SLAPP, no afecten de manera injustificada a la libertad de prensa, brindando en especial apoyo legal gratuito para las víctimas de SLAPP.

La diputada naranja parafraseó en este sentido a la vicepresidenta Jourová, quien destacó recientemente que “en una democracia, la riqueza y el poder no pueden dar a nadie una ventaja sobre la verdad”.