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La Comisión responde a una pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza, quien ha destacado la necesidad de que España haga avances en esta materia
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha detectado falta de protección de las redacciones periodísticas frente a la influencia de los propietarios, gestores o anunciantes, vulneraciones de la independencia editorial de los medios públicos en la UE, así como ausencia de disposiciones para garantizar la independencia de los medios de comunicación de servicio público y las vulneraciones de la independencia editorial.
Jourová reconoce estos problemas en el sector en respuesta a una pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagaza, respecto al Plan de Acción Europeo para la Democracia y al proyecto piloto del monitor de la propiedad de los medios de comunicación llevado a cabo por la CE.
El proyecto piloto ofrece una base de datos con información sobre la propiedad y el control de los medios de comunicación más importantes de quince Estados miembros de la UE, entre ellos, España. Comprende informes por país e índices que evalúan la transparencia y los riesgos en todos los países. Una segunda edición del proyecto se inició en octubre de 2022 y se centrará en los países restantes.
Los datos disponibles actualmente reflejan la situación a 31 de mayo de 2022. La evaluación se realiza en tres áreas: producción de noticias, distribución de noticias y política pública. El 0 se considera riesgo muy alto para la transparencia sobre la propiedad y el control de los medios y el 3, riesgo bajo gracias a una transparencia alta. El índice en el caso de España es de 1.78 de la escala de 3, siendo Hungría (1.18) el país con riesgo más alto, y Austria el más bajo (2.31).
En España, los resultados permiten observar que quince propietarios de medios son dueños de los 31 medios de comunicación seleccionados y la gran mayoría de medios no informan sobre sus beneficiarios finales en la publicación y sitio web. También falta en la mayoría de los casos el importe detallado de las subvenciones públicas y de la financiación pública a través de la publicidad.
Los principales riesgos para la transparencia de los medios en España hacen referencia a la identificación de los beneficiarios finales de los medios, el personal editorial de los medios, la disponibilidad y accesibilidad general de las cuentas anuales y financieras y la falta de transparencia respecto a la cantidad específica que recibe el propietario legal de subsidios y publicidad pública.
Por otra parte, señala Pagaza, a la luz del informe la ausencia de una autoridad reguladora nacional para cuestiones de propiedad de los medios en España tiene efectos negativos en tanto que la responsabilidad de la transparencia de la propiedad de los medios recae principalmente en el gobierno o en organismos directamente subordinados al gobierno.
La CNMV, la autoridad reguladora con competencias en materia de propiedad y transparencia, no es independiente y afecta únicamente a las empresas que cotizan en bolsa en España. Por lo tanto, sus regulaciones afectan solo al 6,84% de las personas jurídicas propietarias identificadas de los medios de comunicación.
Es problemática además la influencia directa del Estado y el Gobierno a través de los políticos en los medios de servicio público, dado que los miembros del parlamento designan a la mayoría de los puestos de la junta directiva de la organización de medios de servicio público en la muestra.
En su carta, Jourová señala que el ámbito en el que es mayor la falta de transparencia en términos generales en Europa es el control económico de los medios de comunicación, así como la información sobre los derechos de voto en las organizaciones de medios de comunicación también podría ser mucho más clara. Se han detectado varios riesgos, tales como la dimensión de gestión de la propiedad y el control: la falta de protección de las redacciones frente a la influencia de los propietarios, gestores o anunciantes, la falta de disposiciones para garantizar la independencia de los medios de comunicación de servicio público y las vulneraciones de la independencia editorial. También existen riesgos considerables, indica, en cuanto a la distribución algorítmica de las noticias.
El Informe sobre el Estado de Derecho de 2022 señala que el indicador sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, basado en las conclusiones del instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación, presenta “riesgos medianos” y que la transparencia de la titularidad real y última y del acceso eficaz del público a la información pertinente sigue siendo motivo de preocupación en numerosos Estados miembros.