(Fuente del artículo: Project Syndicate)
Autor: Guy Verhofstadt, presidente del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa en el Parlamento Europeo.
Los políticos europeos somos maestros en el arte de señalar con el dedo, recientemente ante el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de nuestra capacidad para formular soluciones políticas y aplicar políticas comunes.
La crisis de los refugiados ha sacudido a Europa en su esencia, porque, en lugar de asumir la responsabilidad colectiva de gestionar el flujo de inmigrantes y refugiados en Europa, hemos transferido la carga principalmente a los países de la primera línea. Esto ha erosionado la solidaridad europea. De igual forma, nuestra incapacidad de unirnos para detener los crímenes de guerra del presidente sirio Bashar al-Assad contra su propio pueblo ha dejado un vacío que Putin e Irán han aprovechado para llenar.
Los líderes europeos gritamos desde el banquillo cuando deberíamos estar en el terreno de juego, actuando para defender los intereses europeos comunes. Y si nuestro fracaso para asegurar la estabilidad en nuestro propio vecindario no fuera suficiente, también hemos permitido que movimientos nacionalistas y populistas de derechas levanten el vuelo dentro de la propia Unión Europea. Estos movimientos, fomentados activamente por Rusia, han producido líderes políticos nacionales que, espantosamente —pero no sorprendentemente— se asemejan a Putin y Erdoğan.
El líder de facto de Polonia, Jarosław Kaczyński, y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, en particular, han estado ocupados en la construcción de estados iliberales dentro de la UE. Desde que llegó al poder en 2010, Orbán ha empleado su gran mayoría parlamentaria para reescribir la constitución de Hungría para sus propios fines. Al parecer, ganar las elecciones ya no basta. Ahora quiere destruir los valores liberales que una vez defendió cuando era un joven político centrista, y robustecer así su control sobre el proceso político de Hungría.
En los últimos años, ha perseguido este objetivo a través de medios variados y despiadados. El gobierno hostiga o asalta regularmente organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Los medios de comunicación que difunden la propaganda de Orbán reciben exenciones fiscales, mientras que los que lo critican son gravados tan duramente que finalmente tienen que abandonar. Esto significa que el dinero de la UE se está utilizando efectivamente para favorecer al euroescepticismo.
En lo que es solo el último ultraje, el gobierno de Orbán trata de cerrar la Universidad Central Europea (CEU) en Budapest. Aunque la CEU, fundada por el inversionista y filántropo húngaro-estadounidense George Soros y dirigida por el académico de derechos humanos y exlíder de la oposición canadiense, Michael Ignatieff, solo tiene 26 años, muchos de sus departamentos ya se encuentran entre los 50 mejores del mundo. No obstante, Orbán se ha negado a hablar con Ignatieff; por lo tanto, la universidad podría verse obligada a cerrar a fines de año.
De manera autocrática, Orbán ha tratado de deshonrar a la CEU con disparatados informes sobre la financiación externa de la universidad; y, como quiere retratar a la CEU como «no húngara», suele olvidarse mencionar que él mismo recibió una beca financiada por Soros para estudiar en Oxford poco después del colapso del régimen comunista húngaro.
El ataque de Orbán a la CEU es más que una violación de la libertad académica. Ahora que ha debilitado al Tribunal Constitucional de Hungría y a la prensa libre, quiere socavar el propio pensamiento crítico. Si lo consigue, se habrá librado de otro control de su poder. Además, al cerrar una institución tan prominente apoyada por Estados Unidos, puede enviar un mensaje de que nadie que se haya enfrentado a él ha ganado.
Los déspotas han utilizado la misma táctica a lo largo de la historia. Pero Orbán lo está haciendo en la Unión Europea de 2017. Vale la pena recordar que, para unirse a la UE, Hungría tenía que cumplir unos estrictos criterios de adhesión, incluyendo instituciones democráticas creíbles y la adhesión al estado de derecho. El hecho de que estos elevados estándares se estén erosionando sistemáticamente ha introducido una paradoja para la UE. Una vez que un país ha entrado en el bloque, poco puede hacerse para asegurar que mantiene los estándares democráticos y defiende los valores europeos.
La Comisión Europea puede iniciar tantos «procedimientos de infracción» contra Hungría como desee; Orbán simplemente los ignorará mostrando una plácida sonrisa. Después de meses de discursos con autoridades gubernamentales húngaras, la única opción que le queda ahora a la UE es invocar el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que podría eliminar en última instancia los derechos de voto de Hungría dentro de la UE.
Invocar el Artículo 7 no es una «opción nuclear», como algunos han afirmado. Más bien, es la respuesta lógica a un gobierno de un Estado miembro que ha violado rutinariamente los derechos fundamentales de los ciudadanos y los valores de la UE. Tras dos intentos previos, este mismo mes, diputados de la Eurocámara profundamente preocupados aprobaron por fin una resolución que allanará el camino para las sanciones de la UE contra Hungría.
Desde el punto de vista de los eurodiputados, no hay ninguna razón por la que las sanciones no puedan aplicarse rápidamente. La Comisión Europea ya ha documentado los hechos del caso contra Hungría, con argumentos y contraargumentos. Si dos tercios de los eurodiputados aprueban ahora las sanciones, el expediente se remitirá al Consejo Europeo, momento en el que los jefes de Estado europeos no tendrán más remedio que abordar el asunto.
La credibilidad de Europa ya sufre porque algunos de sus líderes mantienen actitudes ambiguas hacia Erdoğan, Trump y Putin. Pero continuar vacilando sobre las transgresiones de Orbán tendrá costes aún más graves a largo plazo. Los europeos debemos aspirar a ser algo más que participantes en un mercado interior. Hemos de restaurar la comunidad basada en los valores que una vez nos ayudó a hacer frente a dictadores como Francisco Franco, António de Olivier Salazar y los coroneles griegos, y que unió a Europa después de la caída del comunismo.
En una comunidad basada en valores no hay lugar para gobiernos como los que ahora rigen Hungría y Polonia. La UE debe invocar el Artículo 7 cuanto antes y con la mayoría más amplia posible entre los Estados miembros.
Y, después de Orbán, debemos dirigir nuestra atención a Kaczyński.