Ciudadanos defiende en Europa que se respeten los derechos de los menores en Cataluña y que se inste a Sánchez a hacer cumplir la sentencia del 25%

Los eurodiputados de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa y Jordi Cañas han apoyado que el Parlamento Europeo investigue el acoso al español en la educación en Cataluña y que se exija al Gobierno de Sánchez que haga cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al 25% en castellano. Han advertido de que este no es un problema lingüístico, sino que se trata de defender el Estado democrático de Derecho de la violación sistemática que sufre desde hace años.   

Pagaza y Cañas han arropado este lunes a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la discriminación del español en los centros educativos catalanes y exigir que se pueda estudiar también en castellano, como exige la sentencia del Tribunal Supremo, que se debe hacer cumplir. La AEB presentó esta petición en 2017 y Cs le ha dado todo su apoyo para lograr que la eurocámara investigue esta persecución. 

Pagaza ha defendido que se trata de pedir respeto a la ley en un Estado de la Unión y “que no haya espacios de impunidad, discriminación y arbitrariedad en los que se imponga un programa ideológico”. Ha recordado que la primera petición de la AEB en la eurocámara llegó hace cinco años, pero la discriminación de los castellanohablantes va a más e incluso se anima a delatar a los profesores que utilicen el español. 

“Hay pruebas palpables de una obsesión contra la diversidad lingüística por una identidad excluyente nacionalpopulista. La compulsión fóbica desde el poder al uso del español en ámbitos institucionales, educativos y culturales es creciente. Se trata de un régimen de control obsesivo”, ha advertido la eurodiputada, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles.   

Jordi Cañas ha recalcado que se trata de defender derechos fundamentales y, en concreto, derechos de menores de edad. “Y los derechos más que les pese a algunos se defienden una y otra vez hasta que se consiguen y se respetan”, ha reivindicado. “Porque los derechos no son de las lenguas, ni de algunos, ni de modelos educativos ni de formas de entender una sociedad: son de los ciudadanos”. 

Pagaza ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez “lamentablemente se hace el distraído”, por lo que ha reclamado a la Comisión de Peticiones que supervise al Ejecutivo español para saber qué hace para que se cumpla la sentencia del 25% de horas lectivas en castellano y contra la discriminación y arbitrariedad de la administración catalana. Ha defendido también una misión de expertos a Cataluña que compruebe en primera persona la situación. 

Jordi Cañas ha exigido en esta misma línea implicación europea porque la Generalitat ha dejado claro que va a incumplir la sentencia, “aunque parezca increíble”. Ha criticado que la Comisión Europea no responda cuando se le plantea este caso de discriminación y mire a otro lado sin reclamar al Gobierno de Sánchez explicaciones. “Exijo a la Comisión Europea que supervise que el Gobierno hace cumplir la ley, el Estado de Derecho, que es lo que está amenazado en Europa”, ha dicho.  

“Porque esto afecta a los derechos fundamentales. La administración no va a cumplir la sentencia y lleva tres décadas incumpliendo sentencias judiciales, aprovechándose de su capacidad de litigar para obligar a los padres a tener que transitar un rosario judicial, exponiendo a sus hijos y familias al acoso, sí, acoso, impulsado muchas veces desde la administración pública y partidos aquí representados”, ha denunciado. 

La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha explicado a la eurocámara la intención declarada de la Generalitat de no acatar la sentencia del Supremo, “que pondría fin a 30 años de vulneración de derechos”, así como “el sospechoso silencio del Gobierno de España”. Entre otras peticiones, ha solicitado una misión del Parlamento Europeo a Cataluña para comprobar qué hace el Estado para que se aplique la ley y se cumplan lo que dictan los tribunales. 

Tras el debate, la Comisión PETI ha decidido mantener abierta la petición y enviar un requerimiento al Gobierno y a la Generalitat para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, así como enviar el caso a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y al Defensor de los Niños del Parlamento Europeo.