• La eurodiputada Maite Pagazaurtundua censura los “lamentables episodios de injerencia política” en la elección de la presidencia y la presidencia adjunta y advierte del riesgo de que se violen los criterios de mérito y capacidad

La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundua, ha denunciado hoy en la Eurocámara la politización de los nombramientos en la Agencia Española de Protección de Datos y ha pedido a las instituciones europeas que velen por que se cumplan los criterios de independencia e imparcialidad durante el proceso de selección de las autoridades nacionales.

Pagaza, que ha abordado la cuestión en presencia de Gwendal le Grand, Jefe de actividad de apoyo y coordinación de aplicación de la Ley del Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB) en la comisión LIBE, ha preguntado qué piensan hacer las instituciones europeas si se confirma un nombramiento de “naturaleza política en violación de los criterios de mérito y capacidad previstos en la Ley Española” que desarrolla el Reglamento General de Protección de Datos.

Ha manifestado que será necesario abordar este problema cuando se evalúe la revisión del Reglamento General de Protección de Datos para “reforzar los criterios de elegibilidad” de las Autoridades de Protección de Datos nacionales, especialmente aquellos relativos a la idoneidad y las cualificaciones.

En los últimos meses, hemos presenciado, dijo, “lamentables episodios de injerencia política” en el nombramiento de la presidencia y presidencia adjunta de la Agencia Española de Protección de Datos. “Antes de que se convocara el concurso de méritos que prevé la ley española, el partido del gobierno y el principal partido de la oposición ya anunciaron los nombramientos de personas afines, lo cual provocó el estupor en el sector, y ahora, en la última fase del proceso, se pretende que sea el congreso de los diputados quién elija entre dos ternas de candidatos, politizando nuevamente una elección que corresponde al gobierno y que debe estar basada únicamente en razones de mérito y capacidad, sujeta al control jurisdiccional”, ha indicado Pagaza.

En este sentido, ha preguntado a las autoridades comunitarias si es compatible esta injerencia política “antes, durante y al final del proceso de nombramiento” de los máximos dirigentes de la agencia española con el principio de plena independencia de las autoridades de control, establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y en el Artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

“Es imprescindible que la independencia de las autoridades que velan por la protección nuestros datos esté fuera de duda, tanto cuando ya son nombrados y ejercen sus funciones como cuando se valore la elegibilidad de los candidatos”, ha sentenciado.

La Comisión ha iniciado acciones y la Corte de Justicia Europea se ha pronunciado en temas relativos a autoridades nacionales para velar por la independencia y esta situación podría acabar en una sanción a España por no cumplir con las exigencias del reglamento europeo de protección de datos (RGPD) sobre las autoridades de control. La norma exige que estos organismos sean “independientes” (artículo 51.1) y que actúen “con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes” (artículo 52.1). Asimismo, impone que sus miembros sean “ajenos (…) a toda influencia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni admitirán ninguna instrucción” (artículo 52.2).